La pena de prestación de servicios comunitarios en Chile : entre el control y la intervención
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2021
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La muerte de Bastián Arriagada en el incendio de la cárcel de San Miguel, un joven de 22 años que estaba recluido por vender películas pirateadas, conmovió al país. Gracias a este hecho, sin embargo, la clase política le dio el impulso definitivo a una reforma de las penas sustitutivas que se venía aplazando desde el año 2008. Ésta introdujo, en el año 2013, la pena de servicios en beneficio de la comunidad (PSBC), una pena que permitiría que nunca más una persona en la situación de Bastián fuera a dar a la cárcel.A más de ocho años de su implementación, la PSBC si bien da luces de que permite efectivamente que se generen mejoras en la comunidad, que la comunidad, aunque de manera acotada, se involucre en la reparación del daño, que algunas de las personas que cumplen la pena puedan adquirir hábitos prosociales -dependiendo de su perfil-, y por tanto puedan tender hacia la (re)inserción social1, no se orientaría suficientemente de manera de prevenir la comisión de nuevos delitos por parte de las personas que ingresan a cumplir la pena. Las razones, según la investigación realizada, radicarían en una supuesta complejización progresiva del perfil de los penados (discurso presente en los entrevistados), muchos de ellos multi-reincidentes; en el enfoque de la pena como una de control y seguimiento más que de intervención; en la insistencia de los tribunales que dictan una y otra vez la pena sin importar si la persona cumple; las condiciones en las que se desarrolla el trabajo comunitario, y el nivel de compromiso y disponibilidad de quien ejerce la labor de delegado. La información disponible permite aseverar que la PSBC tiene un gran potencial para producir aun mejores resultados.
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Tesis (Magíster en Políticas Públicas)--Pontificia Universidad Católica de Chile, 2021